Entre uno a seis años de prisión implica una amenaza dice abogada

La docente de la escuela de derecho de la Utec, Pamela Vanegas, enfatiza los elementos que constituyen una amenaza de acuerdo con el código penal y las implicaciones para el agresor y la persona afectada, según lo establecido por la ley.

Jackeline Elizabeth Mejía
La Palabra Universitaria

¿Qué hacer ante una amenaza? ha sido tema de análisis que recientemente ha dirigido la abogada y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), Pamela Vanegas, en su participación en el espacio de entrevistas televisivo 33 Te Escucha.

La docente de la Utec afirma que el artículo 154 del código penal define el delito de amenaza y tipifica que, sí se amenazare a otra persona dentro o fuera del núcleo familiar para hacer algún daño, ya sea moral, psíquico u otros aspectos donde genere miedo o agresión en la víctima y esté en peligro su seguridad, este será penado por la ley.

Agrega que debe existir intención, daños causados a la víctima y que esta se sienta agraviada con la finalidad de recurrir a la denuncia, para que pueda probarse la consumación del hecho punible (acontecimiento que, de cometerse está asociado a una pena, definida en una ley penal).

“Para que exista el delito de amenazas es necesario que los actos realizados, hechos o palabras, alteren la tranquilidad del sujeto pasivo o que produzcan perturbación psíquica por el temor de que se le cause un mal futuro”, asevera la especialista, mientras comenta que el sujeto pasivo es un término establecido para identificar a las personas que reciben el daño y esta tendrá el deber de hacer la denuncia.

Las amenazas pueden originarse en diversas circunstancias, por lo que la abogada dice que las agravantes se evidencian cuando se usa arma de fuego, cuando la acción es cometida por una o más personas y cuando las amenazas son anónimas o bajo condición. Cabe señalar que, estas son penadas de tres a seis años de prisión.

“Entre 2005 y 2018 la Fiscalía General de la República recibió un total de 182 mil 752 denuncias de amenazas simples, pero la cantidad sube a 226 mil 96 si se agregan las modalidades de amenazas leves y graves”, indica.

Además, aclara que para las amenazas simples la sanción aplicada será de uno a tres años de cárcel y en el caso de las agravantes será de tres a seis años de prisión. En cuanto a las instituciones que se puede recurrir en caso de amenazas, la abogada menciona a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Para finalizar, menciona que la voz tiene poder, pues las personas que sean víctimas de amenazas deben suprimir el miedo y actuar en un momento determinado, para buscar ayuda jurídica.

Comparte:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


7 × uno =