Así lo ha manifestado la abogada y docente de la Utec, Xenia Linares Rodríguez, durante su participación en el programa de entrevistas, 33 Te Escucha.
Miguel Velásquez
La Palabra Universitaria
Sobre la falsificación de documentos en trámites migratorios habló la abogada y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), Xenia Linares Rodríguez, durante su intervención en el programa 33 Te Escucha, en el que ha participado como invitada.
De acuerdo a la profesional del derecho, ese tipo de delitos es investigado solamente en los casos en que existan denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que a raíz de esa acción el ministerio público procede a la creación de un proceso de investigación, mismo que determina a los involucrados.
La experta resalta que el artículo 283 del Código Penal de El Salvador establece que, falsificar parcial o totalmente un documento público o privado, será sancionado con una condena de tres a seis años de prisión.
Explica que en aquellos casos en que se trate de un documento público creado por un notario, la investigación tiene que determinar o comprobar la culpabilidad de tal funcionario, de lo contrario el acusador podría ser procesado por engaño, así sea que el abogado haya sido consciente del cometimiento del delito.
La docente explica que los documentos que con mayor frecuencia son falsificados son las cartas particulares, cartas de empresas, cartas de estudio y cartas de asociaciones; del mismo modo indica que los documentos púbicos raras veces son falsificados debido a la complejidad que representa obtenerlos, ya que los mismos solo pueden ser extendidos por notarios.
Linares Rodríguez menciona que la desesperación por migrar a otros países impulsa a muchas personas cometer el delito de la falsificación documental, mismos que, de alguna manera, logran obtener para presentarlos como evidencias a las instancias correspondientes que les habiliten el permiso para poder salir del país.
Puntualiza que cualquiera que sea la causa, justificable o no, la acción de falsificar documentos no dejará de ser un delito, mismo que al ser comprobado podría poner a las personas en una situación complicada de cara a las leyes.