El Salvador: violencia y seguridad 

Armando Briñis
Docente escuela de antropología

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003, p, 5). La OMS indica que el origen de la violencia radica en la fuerza, en el poder y se expresa de diferentes formas que la complejizan. 

Ciertamente, la violencia es un tema complejo e ininteligible en su integridad. Los estudiosos del tema han creado teorías que parten de supuestos internos y externos. Los primeros sostienen que la violencia es parte de la configuración biológica de la persona humana. Los segundos, expresan que el origen de la violencia está inserto en el entorno que rodea al individuo, es decir, la violencia es la renta obtenida del medio donde se habita.  

Hay otras tendencias eclécticas que sostienen que la violencia es el resultado de ambas; sin embargo, todas coinciden que la violencia es un fenómeno real que se expresa de diferentes formas, como afirma la OMS, que la vuelve más compleja. Por esta razón es necesario una comprensión holística del fenómeno, que parta de la claridad conceptual, los escenarios donde se manifiesta, los actores implicados, todo encaminado a un tratamiento integral que se materializa en políticas públicas, tanto represivas cuanto preventivas de la violencia. 

 

La violencia en El Salvador: conceptualización, escenarios y actores 

La explicación de la violencia en El Salvador no escapa a las corrientes innatistas y ambientalistas. Se ha señalado como causales de la violencia la pobreza, la cultura, la desintegración familiar, el consumo de drogas, la represión histórica que ha vivido el pueblo.  

Algunos psicólogos han expresado que la violencia la llevamos en la sangre, otros afirman que es producto de los doce años de guerra civil que vivimos, para otros la violencia es generada por el modelo neoliberal capitalista. Otros sostienen que la violencia está en las instituciones del Estado, en el crimen organizado y actualmente se ha generalizado la idea que la causa de la violencia son las pandillas o maras. 

Todas las causales descritas son ciertas; sin embargo, todos estos elementos a la vez bien pueden ser efectos. Por lo tanto, la violencia es un tema complejo e ininteligible en su integridad y tiene a la base múltiples factores que se expresan de diferentes formas y que afectan la “seguridad ciudadana” en todas sus dimensiones. 

Por esta razón, en rigor, lo primero a realizar debe ser una conceptualización de la violencia, porque tener claridad conceptual favorece a la comprensión de los fenómenos en movimiento que casi siempre se expresan codificados. Analizar las premisas teóricas que lo explican y la forma como se expresan puede servir para el tratamiento más adecuado a un hecho de suma complejidad. 

Asimismo, la violencia se expresa en escenarios concretos donde aparecen los actores inmersos en la problemática. La violencia es un fenómeno tan abarcante y gravitante que se encaja por todos los intersticios de la realidad social. Sin duda el tema de seguridad ciudadana ha sido el reto y el desafío más trascendental de los gobiernos en las últimas décadas. 

Sin la solución a este problema, de nada valdrá la economía, la política de salud, la educación, etc. Por consiguiente, cuando particularmente se conoce mejor una problemática se convierte en saber, este saber social debe considerarse en la elaboración de políticas públicas para la prevención del problema. 

 

Políticas públicas y prevención de la violencia 

“La política es el arte de lo posible” [1]. En este caso lo posible hace referencia al saber. Todos los dilemas, callejones sin salida, problemas, sean estos individuales, ambientales, financieros, sociales, de violencia etc., cuanto más se conocen tanto más factible es la posibilidad de solución. El saber abre un abanico de posibilidades y los problemas pueden ser tratados con mayor claridad, por lo tanto, toda política pública de gobierno debería partir de estudios científicos rigurosos, metodológicamente bien diseñados y los resultados o hallazgos deben ser los insumos para elaborar toda política pública en aras del bien común. 

Si la política es “el arte de lo posible” apoyado en la ciencia, por consiguiente, las Políticas Públicas es “una afirmación de la voluntad, un intento de ejercer control, de modelar el mundo. Las Políticas Públicas son instrumentos de esta resuelta ambición” (Moran, Rein & Godin, 2008). En toda sociedad democrática, la violencia es una facultad exclusiva del Estado ejercida mediante sus instituciones legalmente constituidas.  

De la definición de Moran et al, podemos extraer varios elementos en la elaboración de una política pública de prevención y represión de la violencia.  

Primero, tiene que haber voluntad y control del gobernante: la voluntad es deseo, capacidad y libertad para decidir. Un gobierno debe poseer capacidad, esto es competencias cognitivas, en defecto, buenos asesores que lo orienten. Además, debe tener libertad para controlar y decidir, esto significa no estar atado a intereses particulares, sino aspirar al bien común, es decir, aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o, al menos, la mayoría.  

Segundo, modelar el mundo. Significa responder ¿Qué tipo de sociedad queremos para el presente y para el futuro? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? Modelar es configurar, dar una forma deseada por todos los miembros. 

Por último, las políticas públicas son instrumentos de control para lograr lo deseado. Por lo tanto, son un conjunto de medidas elaboradas por el gobierno y realizadas a través de sus instituciones, sus representantes y dirigidas alcanzar un fin en un tiempo determinado. Toda política pública debe buscar un impacto positivo en la población. En el caso de la seguridad su fin es la prevención, control y represión de la violencia. 

En fin, las políticas públicas sobre violencia deben ser producto de investigaciones científicas, analizadas, en alianza con el sector privado y otros actores y sujetos relevantes de la sociedad y otras instituciones. El Estado debe recuperar el control de la violencia y el gobierno debe tener libertad y voluntad para actuar en beneficio de las mayorías. 

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