Así lo ha explicado el profesional del derecho y docente de la Utec, Jaime Cañas, durante su intervención en el programa de entrevistas, 33 Te Escucha.
Jiezelle González
La Palabra Universitaria
Trata de Personas como delito penal es el tema que recientemente analizó el abogado y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), Jaime Cañas, en una de las emisiones del programa televisivo, 33 Te Escucha.
Cañas asegura que el tema de la trata de personas es un aspecto de preocupación desde la perspectiva legal, a tal punto que hubo un par de artículos en el Código Penal que fueron derogados, ya que no eran suficientes para dar respuesta a esa problemática.
En ese sentido dijo, se creó una Ley especial contra la trata de personas, misma que plantea un escenario integral sobre la tipificación del delito y las maneras de abordarlo desde los escenarios legales.
A partir de ello, el abogado explica que el tratante es toda persona que participa en cualquiera de las actividades relacionadas, es decir, el que entregare, capte, transportare, traslade, reciba, acoja personas dentro o fuera de territorio nacional o facilite, promueva, favorezca para ejecutar o permitir que otro realice cualquier actividad de explotación humana.
“Así se establece en la mencionada ley; lo que implica que, el acusado podría tener condenas carcelarias de entre 14 y 25 años”, relata.
Detalla que se convierte en víctima, tanto la persona que va en camino como la persona que lo recibe, migratoriamente hablando, puesto que de alguna manera también fue engañado.
“Se puede llamar víctima de trata de personas a aquel individuo que directamente va o acepta ser llevado y a veces lo involucran u obligan a hacer cuestiones en contra de su voluntad, pues dañan sus derechos como tal; e indirectamente, también son víctimas las personas o familiares que esperan o reciben a la persona que va en camino”, afirma.
Explica que para una persona cualquiera que se involucre en dicho delito existe una pena de aproximadamente 14 o más años; mientras que, si un funcionario es participe de ello, podría purgar una pena mucho mayor. Aúna a ello que pierde su ciudadanía, si es que la posea en el país de destino, y si se tratase de una red de tráfico de personas su pena podría alcanzar aproximadamente los 25 años de prisión.
Cañas puntualiza que la ley dice que en el delito de trata de persona no existe la prescripción, es decir, no existe el desvanecimiento de la responsabilidad penal en quien hubiere cometido el hecho punible, por lo que puede ser procesado en el momento que sea acusado.